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Pais posible

PROPUESTAS QUE CONSTRUYEN

Andres Mideros

Andres Mideros

Por @andresmideros

 

Daron Acemoglu y James Robinson, en su libro “Por qué fracasan las naciones”, sostienen que las naciones fallan cuando se generan “círculos viciosos” en donde el poder político es capturado por unos pocos sectores económicos, excluyendo a las mayorías de la participación política y económica.

En las próximas semanas, el Ecuador afrontará dos hechos que modificarán su institucionalidad política y económica. Por un lado, la definición de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI); y por otro, la elección de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) que definirá el marco institucional de control del Estado.

En cuanto a la institucionalidad económica el Gobierno, como antecedente para el acuerdo con el FMI, ha implementado una agenda de reducción de inversión pública, remisión tributaria y exoneración de impuestos a grandes empresas, eliminación de subsidios y privatizaciones. Los resultados ya se han hecho notar, las proyecciones de crecimiento económico del Banco Central del Ecuador bordean apenas el 1%, el empleo adecuado se redujo de 42,3% en diciembre de 2017 a 40,6% en diciembre de 2018, y la pobreza urbana aumentó del 13,2% al 15,3% en el mismo periodo.

Estas medidas, que son el tradicional marco de negociación con el FMI, están lejos de ser algo “positivo” o “inevitable” como se ha intentado posicionar desde sectores empresariales y de la banca, más aún cuando no se conocen plazos, tasas de interés, fechas de desembolsos, proyectos de inversión priorizados, ni las medidas económicas establecidas como condiciones para recibir el financiamiento.

El Gobierno y el FMI ven sólo una parte del problema, buscan reducir el déficit fiscal y dar liquidez a la economía, que requiere de dólares para funcionar. Sin embargo, omiten problemas estructurales de la economía ecuatoriana: en el sector fiscal resolver el abultado gasto tributario (exoneraciones y deducciones de impuestos) que bordea los USD 4.900 millones, los subsidios que ascienden a cerca de USD 6.900 millones, la evasión fiscal que se estima en USD 400 millones al año, y el perjuicio por facturas falsas en aduanas que se calcula en USD 2.000 millones; en el sector externo, el déficit comercial que genera salida de divisas, y los cerca de USSD 4.700 millones que han salido a paraísos fiscales; y en el sector real, la producción de bajo valor agregado dependiente de la explotación de recursos naturales y el creciente subempleo.

En este marco se vuelve necesario exigir transparencia y que el acuerdo, según su contenido, sea aprobado por la Asamblea Nacional (Arts. 419 y 439 de la Constitución). En lugar de recortes presupuestarios, remisiones tributarias y mayor endeudamiento, se debe reducir subsidios y gasto tributario a las grandes empresas, y combatir la evasión y elusión fiscal, a fin de sostener la inversión pública para generar crecimiento y empleo, garantizar derechos (salud, educación, erradicación de violencia de género), y fomentar crédito productivo a baja tasa de interés para reactivar la economía en lugar de incrementar el costo de servicios financieros.

En relación con la institucionalidad políticaa lo largo del último año el CPCCS transitorio (designado de ternas presentadas por el presidente de la República) ha destituido y designado autoridades de control, muchas de ellas como encargadas, provocando inestabilidad e incertidumbre.

El mandato de la Consulta Popular de 2018 establece que los miembros definitivos del CPCSS sean electos por sufragio universal en los comicios de autoridades de gobiernos autónomos descentralizados (que se realizará este 24 de marzo de 2019). Los consejeros transitorios han propuesto realizar una Consulta Popular para “validar todo lo actuado”, y ahora a menos de 30 días de la elección del CPCCS definitivo aparecen actores que fomentan el “voto nulo” como medio para eliminar el CPCCS.

Independientemente de estas posiciones que deben ser resueltas por la vía establecida en la Constitución, es un engaño decir que el “voto nulo” elimina al CPCCS. En el caso de que los votos nulos sean suficientes para anular la elección el CPCCS transitorio podría mantenerse en funciones, hasta que se realicen nuevas elecciones, considerando que el anexo de la Consulta Popular establece que este debe “ejercer sus funciones hasta que se instale el nuevo Consejo”. Si no se anula la elección, pero se la deslegitima se estaría fortaleciendo la propuesta del CPCCS transitorio de una nueva Consulta Popular que valide sus decisiones. En ninguno de los dos casos se está transformando ni eliminando el CPCSS, únicamente se está generando mayor caos institucional, desperdiciando recursos, y permitiendo que las decisiones del CPCCS transitorio no sean revisadas, evaluadas ni fiscalizadas de manera transparente.

El país necesita estabilizar su institucionalidad incluso para generar un contexto adecuado para la atracción de inversiones privadas que reactiven la economía. No es responsable limitar la promoción de candidatos al CPCCS como lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral (CNE) y tampoco fomentar el “voto nulo” como lo están haciendo algunos actores políticos.

El Ecuador no puede seguir irrespetando su institucionalidad y la voluntad popular según el gusto del poder de turno, eso produce “círculos viciosos” en los que intereses económicos consolidan su influencia en el poder político, dejando a las grandes mayorías excluidas y empobrecidas, y alejando al país de una verdadera senda de desarrollo.

Por: @andresmideros

 

El Ecuador inicia su vida republicana con un Estado y una economía oligárquica terrateniente basada en la hacienda. Ingresa al mercado internacional a finales del siglo XIX, con el primer “boom cacaotero”, generando una economía dependiente de los precios internacionales. La riqueza generada se acumuló de manera concentrada y se usó en gran medida para la importación de bienes suntuarios. Acabado el auge, vino la crisis. El Estado no tuvo mayor rol en la economía sino hasta los denominados “gobiernos julianos” (1925-1931) en que se crean instituciones de control y regulación, y el impuesto a la renta. En los años 1950s es el “boom del banano” el que vuelve a ubicar al país en la economía internacional, nuevamente gran parte de la riqueza se utilizó para la importación de bienes suntuarios por parte de las élites económicas, aunque ya con presencia de una clase trabajadora. Después de nuevos periodos de crisis e inestabilidad política, en los años 1960s y 1970s se da el “desarrollismo” y el llamado “boom del petróleo” que permitió financiar sobre todo obras de infraestructura.


A partir de 1979 y hasta el 2006, con el “retorno a la democracia” se consolida un modelo económico empresarial, y se implementa una política económica basada en la receta del denominado “Consenso de Washington”. El Estado estuvo al servicio de la gran empresa y de la banca privada como se constata en la “sucretización de la deuda”, el “salvataje bancario”, y la “dolarización”. En 2007, se inicia un proceso de transición con la “Revolución Ciudadana”. La Constitución de 2008, establece el modelo económico social y solidario. El Estado recupera las facultades de planificación, regulación, redistribución y gestión en la economía. Al coincidir con un nuevo “boom”, el de los precios del petróleo, y gracias a la renegociación de contratos petroleros, se logran records de inversión pública, convirtiéndola en el motor del crecimiento económico, y se construyen infraestructuras sociales (salud, educación, seguridad) y productivas (carreteras, puertos, aeropuertos, hidroeléctricas, riego, control de inundaciones). Se amplían de esta manera capacidades humanas y de productividad, pero no se logró vincular a la empresa privada, ni fortalecer de manera sostenida a la economía popular y solidaria.


La historia es cíclica. La crisis económica que inicia a finales de 2015, debido a la caída del precio del petróleo, y la apreciación del dólar, evidenció la debilidad de las finanzas públicas para sostener el gasto y la inversión fiscal, así como la debilidad de la estructura económica para poder aumentar la productividad y las exportaciones. Adicionalmente, la dolarización, si bien da cierta estabilidad y confianza, es dependiente de la entrada neta de divisas; y por las razones señaladas se llegó a niveles críticos de salida de divisas debido al aumento de importaciones y la caída de exportaciones. Para enfrentar esta situación, se aumentó el déficit fiscal recurriendo al endeudamiento agresivo, “vendiendo” en contrapartida la expectativa de la explotación de petróleo y minas – explotar el ITT, las ventas anticipadas de petróleo, y llenar el territorio nacional de concesiones mineras, parece que fue la forma “pragmática” de mostrar la capacidad pago –. Deuda externa para traer divisas y lograr liquidez, y endeudamiento interno para manejar la liquidez de la caja fiscal vendiendo “papeles” al Banco Central y a la Banca Pública y tomando la liquidez de la Empresas Públicas. Además se implementaron salvaguardias para controlar la salida de divisas vía importaciones, y el aumento del I.V.A. del 12% al 14% después del terremoto del 16 de abril de 2016. La crisis económica trajo además resultados adversos en lo social. Después de una caída sostenida de la pobreza y la desigualdad, entre 2007 y 2015, en junio de 2016 se evidenció el aumento de la pobreza y el empleo inadecuado, y se dio un deterioro de los ingresos sobre todo en las zonas rurales. Así mismo, se dejaron cientos de obras paralizadas, con problemas legales, técnicos y de financiamiento. No se logró cumplir más del 47% de las metas establecidas en el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017.


En mayo de 2017, con el cambio de gobierno, se inicia un nuevo proceso de transición, marcado por la polarización política, la crisis económica, y la insostenibilidad fiscal. Se redujo el I.V.A., regresando al 12%, con un efecto de alrededor de mil millones en la recaudación fiscal, y se retiraron las salvaguardias impactando en el aumento de importaciones y salida de divisas. Después de un año de disputas internas y varios cambios en el equipo económico, el gobierno nacional presentó el 24 de mayo de 2018 un proyecto de Ley que apuesta por incentivos a la inversión privada (subsidios a la ganancia del capital, cuyo costo para el Estado no ha sido siquiera establecido) – con exoneraciones de pago de impuesto a la renta que pueden durar más de una década, para nuevas inversiones, y para las cuales no se han tomado ningún tipo de condicionalidad que asegure un beneficio para el país –, a la remisión de interés y multas a grandes empresas que adeudan tributos, y a una supuesta seguridad jurídica regresando a tratados bilaterales de inversión, que ponen los intereses transnacionales por encima de los del Ecuador. Este último punto ha generado hechos insólitos como dos alcances al veto presidencial, que contradicen la propia argumentación inicial del Ejecutivo y que presentan vicios de inconstitucionalidad. Nuevamente el “pragmatismo” parece ser el término que justifica el “todo vale”.


Además, se implementa un proceso agresivo de reducción de decenas de miles de empleos públicos – sin contar con un plan de reconversión laboral –, se plantea una apertura comercial sin análisis de beneficios y riesgos – a la producción nacional y a la dolarización –, y se espera desde hace un año la concreción de miles de millones de inversión privada, sobre la cual no se conoce ninguna propuesta que se haya concretado. Finalmente, se plantea desde el gobierno nacional la posibilidad de eliminar el subsidio a la gasolina de vehículos privados para generar ahorro al Estado. Sin embargo, en el proyecto de Ley no se incluyeron alternativas como la eliminación del crédito tributario del ISD (impuesto a la salida de divisas) y de gastos deducibles a personas que ganen más de 100 mil dólares al año (menos del 1% de la población). Medidas que generarían un monto similar a la posible eliminación de subsidios y que generarían mayor equidad fiscal.


Se concreta de esta manera una política económica que da un “salto de fe” en beneficio de la empresa privada y grandes inversionistas internacionales, donde el riesgo al no tener reglas claras y capacidad de regulación y orientación (por no decir planificación) es que generen mayor concentración de la riqueza y pocos beneficios para las grandes mayorías – apenas será, como en el pasado, lo que “gotee” –. Ni la inversión, ni las exportaciones aumentan de forma inmediata; sino se gestiona la transición el costo social puede ser devastador. Creyendo a ciegas en el comercio internacional, contra toda la evidencia empírica existente, se olvida la importancia de la balanza de pagos y la necesidad de reducir la salida de divisas, para sostener la dolarización, controlando las importaciones.


En esta época de transición, económica e institucional, es indispensable generar propuestas alternativas que eviten el retorno a una economía empresarial, con el Estado al servicio de la empresa privada. El Estado debe estar al servicio de las grandes mayorías, y cumplir su rol de planificar el desarrollo, erradicar la pobreza y redistribuir la riqueza.

Por: @andresmideros

 

Durante los años 2015 y 2016 el Ecuador se vio afectado por una crisis económica internacional profundizada por la caída de los pecios del petróleo, la apreciación del dólar, y el terremoto del 16 de abril de 2016. Esto provocó reducción en la cantidad y calidad del empleo y una contracción de la producción. Sin embargo ya se avizora un escenario de recuperación. Es así que la Comisión Económica para América Latina el Caribe (CEPAL) proyecta una tasa de crecimiento para el Ecuador de 0,6% en 2017. Algo más optimista es el Banco Central del Ecuador (BCE) cuya proyección es de 1,4%.

 

Para pensar el futuro y los desafíos económicos que deberá afrontar el nuevo gobierno hay que plantear las capacidades generadas en los últimos años. Ecuador ocupa el primer lugar en calidad de vías, y es de los tres países de la región con mejor infraestructura de puertos y aeropuertos, de acuerdo al Foro Económico Mundial. Se ha aumentado la eficiencia y logrado soberanía energética, ampliado la cobertura de fibra óptica y el acceso a Internet, y se han desarrollo infraestructuras de control de inundaciones y riego. Pero además, se ha duplicado la entrada de turistas, y el país se ha posicionado como destino verde líder del mundo. Estos son ejemplos de inversión en capacidades productivas, que han permitido que la economía ecuatoriana crezca por encima del promedio regional, con una tasa anual promedio de 3,4% entre 2007 y 2016; pero además mantener un nivel de desempleo por debajo de muchos países de la región, duplicar la cobertura de la seguridad social, y alcanzar un salario básico que cubre el costo de la canasta básica. No se puede pensar en mejorar la producción, sin contar con luz, agua, conectividad y logística. Pero fundamentalmente se ha invertido en capacidades humanas, ampliando y mejorando el acceso a salud y educación; y sobre todo se ha reducido la pobreza y la desigualdad. El futuro cuenta con mejor infraestructura productiva, y con generaciones más sanas, más educadas, más equitativas e incluyentes.

 

Sin embargo, no se han logrado superar limitaciones estructurales. La matriz productiva no ha cambiado. La economía sigue siendo dependiente de la extracción de recursos naturales, con los consiguientes costos ambientales y sociales, y vulnerable ante variaciones de precios internacionales. El déficit fiscal se ha incrementado, y con ello la deuda pública. La evasión y elusión de impuestos son significativas, y existen importantes capitales nacionales en el exterior. El sector privado mantiene bajos niveles de innovación y es dependiente de la importación de insumos. La estructura empresarial es familiar, con capitales cerrados. La inversión privada es baja, y la inversión pública es dependiente del precio del petróleo. El acceso a crédito es limitado y con altas tasas de interés, al tiempo que gran parte de la población se encuentra en el sector informal con condiciones inadecuadas de empleo. El presente da cuentas de una economía altamente vulnerable frente a crisis internacionales.

 

El desafío se encuentra en aprovechar las capacidades generadas para atacar los problemas estructurales. Es indispensable un pacto por la producción y el empleo, estableciendo espacios de diálogo, consulta y acción entre el Estado el sector privado y los actores de la economía popular y solidaria. Pero hay que cuidar que esto no lleve ni a meros actos simbólicos, ni a presiones por la adopción de recetas neoliberales que ya han sido negadas democráticamente. Además, se debe entender que el desafío es gestionar la transición desde un modelo “empresarial de desarrollo” inspirado en el neoliberalismo hacia uno de “economía social y solidaria” inspirado en el Buen Vivir, donde no es el producto interno bruto (PIB) lo que mide el bienestar, sino la erradicación de la pobreza, la igualdad de oportunidades y la equidad de resultados, y la ampliación libertades, con solidaridad y en armonía individual, con el ambiente y con la sociedad.

 

Cambiar la estructura económica (matriz productiva) requiere de una apuesta decidida por la generación de valor agregado, avanzando hacia una economía basada en la innovación, la ciencia y la tecnología como principal factor productivo, y estableciendo como objetivo el pleno empleo digno. No son los incentivos tributarios lo que generará mayor inversión, los incentivos ya existen pero no se utilizan. Hay que brindar estabilidad política, seguridad tributaria y simplificar trámites. Se pueden volver a pensar los incentivos productivos vinculándolos a la generación de empleo, pero además a inversiones privadas en investigación y desarrollo.

 

Es necesario definir sectores prioritarios donde se complementen las inversiones públicas con las privadas, y proteger la producción nacional tanto de la pequeña industria como de la agricultura familiar y campesina. Se debe revisar las salvaguardas sin caer en aperturismos que sean perjudiciales para la economía nacional. Hay que dar paso a inversión extranjera, en condiciones que garanticen la generación de empleo, la transferencia de tecnología y la reinversión de la riqueza generada. Es indispensable fortalecer la dolarización, y para esto se debe limitar la salida de divisas, controlar las importaciones, fomentar las exportaciones, y ampliar la entrada de divisas fortaleciendo sectores donde se tienen altas potencialidades como el turismo.

 

El cambio de la matriz productiva debe direccionarse hacia salir de la dependencia en la explotación de recursos naturales. Hay que salir del extractivismo, y fomentar responsabilidad social y ambiental en la producción y el consumo. El aumento de la productividad debe mejorar la distribución en favor del trabajo por sobre el capital; y garantizar la inclusión de sectores de la economía popular y solidaria. Es necesario direccionar recursos hacia el fortalecimiento de emprendimientos solidarios mediante el acceso preferente a la compra pública, el acceso a mercados privados y a crédito en condiciones preferenciales. Es necesario direccionar recursos e inversión hacia los territorios con menor dinamismo económico a través del sistema financiero popular y solidario. Hay que apostar por el fortalecimiento del agro, mediante el acceso a tierra, tecnología, circuitos de comercialización, y establecer políticas claras para la soberanía alimentaria.

 

Por otro lado, se debe lograr sostenibilidad en las finanzas públicas. Es indispensable renegociar la deuda externa, tanto en plazos como en tasa de interés. Para esto hay que dar señales a los mercados internacionales en el corto plazo, pero priorizar la construcción de nuevos mecanismos financieros regionales, como el Banco del Sur, a mediano plazo. Es necesario ampliar el uso de mecanismos de dinero electrónico que permitan aumentar la velocidad de circulación del dinero. Además, se debe potenciar el uso privado de las infraestructuras públicas construidas, para lograr los retornos esperados de esas inversiones. Y revisar las empresas públicas, definiendo con claridad el rol del Estado en la gestión de sectores estratégicos, y buscando coparticipación privada y comunitaria en ciencia y tecnología, y en otros sectores donde la participación pública no sea indispensable.

 

Junto al pacto productivo se deben establecer pactos sociales, fiscales y ambientales, que den prioridad a la inversión social, la conservación ambiental, y el mantenimiento de infraestructuras productivas. Es indispensable, para una economía ética, erradicar la corrupción, la evasión y elusión fiscal, y la salida de riqueza. Hay que revisar los impuestos y subsidios, sin caer en presiones doctrinarias de reducción de tributos, para mejorar la progresividad, la focalización de subsidios, y la recaudación. El rol redistribuidor del Estado en fundamental para lograr equidad y justicia social, garantizando la sostenibilidad y calidad de los servicios públicos.

 

La última década deja al país transformado, con capacidades que no se lograron construir en toda la historia republicana, pero aún vulnerable a las crisis propias de un modelo económico basado en la especulación financiera y comercial. El futuro es de oportunidad para alcanzar un nuevo modelo económico que reunifique a la economía con la sociedad, que logre la inclusión de todos los sectores, que se base en el trabajo y no en la especulación del capital, que construya una economía con ética, solidaridad y justicia. Para que esto pase es indispensable construir un pacto de unidad nacional, un proyecto común, y para ello hay que generar confianza.

 

Ver versión publicada en Kafeinta.tv (30 de abril de 2017): http://www.kafeina.tv/desafios-economicos-del-nuevo-gobierno/

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