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OBSERVATORIO CIUDADANO

Seguridad social universal

Escrito por 29 Mar,2017

Lenín Moreno, con su regreso al Ecuador y la aceptación de la candidatura a la Presidencia de la República por el Movimiento Alianza PAiS, ha hecho dos anuncios fundamentales. El primero es establecer el diálogo como sello de su propuesta y su gestión, reivindicando a la política como medio para dar solución a los problemas de la sociedad. El segundo anuncio, con una propuesta concreta (pocas se han escuchado hasta el momento), es el de proporcionar “aseguramiento universal para las personas de la tercera edad, y una pensión que permita vivir dignamente a todos los que lo necesiten”. Es un anuncio central, y en este artículo pretendo dar algunas ideas para el diálogo al que se ha invitado, pensando en los grandes objetivos nacionales.


La importancia del aseguramiento universal toma fuerza en la agenda internacional con la recomendación 202, del 2012, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la implementación de pisos de protección social; recordando (lamentablemente hace falta) que la seguridad social universal está establecida en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más aún se debe tener en cuenta que el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, y para ello la meta 1.3. dice “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos”. Por su parte la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe de 2015 da claridad sobre el rol fundamental de la seguridad social inclusiva. En lo nacional, la Constitución de 2008 establece en el numeral 1 del artículo 3 como deber primordial del Estado el “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”; el numeral 5 del mismo artículo establece “erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza”. Por su parte el artículo 34 establece a la seguridad social como un derecho irrenunciable; y el numeral 3 del artículo 37 establece que el Estado garantizará a las personas adultas mayores “la jubilación universal”. Por su parte, desde el artículo 367 se establece el sistema de seguridad social como instrumento para el cumplimiento de este deber del Estado, y derecho ciudadano. Finalmente, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (que es de obligatoria observancia para el sector público, de acuerdo al artículo 280 de la Constitución) señala como política 2.10 “garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona”. Dicho lo anterior, es evidente que dialogar sobre la seguridad social es estar pensando en los grandes objetivos nacionales.


En el Ecuador, los últimos años muestran mejoras sustanciales en la cobertura de la seguridad social. De acuerdo a datos disponibles en el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, el porcentaje de la población económicamente activa (P.E.A.) cubierta por la seguridad social pasó del 26,3% en diciembre de 2007 al 44,2% en diciembre de 2015. A esto se debe añadir que se amplió la cobertura a personas dependientes; y resaltar la inclusión a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores del hogar, ya sean estas actividades remuneradas o no. En los pendientes aún está el trabajo autónomo, los actores de la economía popular y solidaria, los artistas y gestores culturales, entre otros. En el caso particular de las personas adultas mayores (quienes hayan cumplido los 65 años de edad, como lo establece el artículo 36 de la Constitución), cálculos propios en base a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), muestran que la cobertura de la seguridad social (IESS incluyendo seguro campesino, ISSFA, ISSPOL) pasó del 28,3% en diciembre de 2007 al 42,2% en diciembre de 2015. Si a esto se aumenta la cobertura de pensiones no-contributivas (pagadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES), la cobertura subió de 45,4% en diciembre de 2007 a 71,8% en diciembre de 2015. Se debe señalar además que las pensiones no-contributivas a personas adultas mayores tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza, de 0,8 puntos porcentuales en diciembre de 2015. Es decir más de 128 mil personas (adultas mayores y quienes viven con ellas) superan la línea de pobreza por ingresos gracias a este tipo de pensión.


Ahora bien, ¿qué significa aseguramiento universal a todas las personas de la tercera edad con una pensión que les permita vivir dignamente? Es bastante intuitivo que para incluir a las personas adultas mayores a la seguridad social se lo debe hacer a través de pensiones no-contributivas (actualmente a cargo del MIES), a diferencia del caso de personas jóvenes donde se espera que estas contribuyan a lo largo de su vida laboral al IESS, el ISSFA o el ISSPOL (regímenes contributivos). Siendo ese el caso, estas pensiones deberán ser financiadas permanentemente desde el Presupuesto General del Estado, por eso (fuente de financiamiento) y otras razones (de concepto y de Ley) tiene sentido que lo haga el MIES y no el IESS por ejemplo.


Utilizando la ENEMDU a diciembre de 2015 se estima que en el Ecuador hay alrededor 1,1 millones de personas adultas mayores, de las cuales 475 mil (42,2%) están afiliadas a la seguridad social en régimen contributivo (IESS, ISSFA o ESSPOL). Entonces se debería pensar en 651 mil personas que deberían recibir una pensión no-contributiva. El valor de la pensión debe permitir vivir dignamente. Esto es algo difícil de cuantificar. Pensando en mínimos y siendo sensibles con el estadio de desarrollo del país, la pensión debería cubrir por lo menos el valor de la línea de pobreza (USD 83,79 mensuales, a diciembre de 2015). Es así que la inversión anual ascendería a alrededor de USD 655 millones (0,7% del PIB). Recordemos sin embargo que ya existe un programa de pensiones no-contributivas, en el MIES, con un presupuesto anual de USD 274 millones en 2016, el cuál sería reemplazado (o mejor dicho ampliado en cobertura y monto), lo cual significa que el presupuesto adicional necesario es menor (USD 380 millones; 0,4% del PIB) y que no son necesarios nuevos gastos de implementación y operación del programa. A futuro el monto individual se esperaría que se ajuste al alza por la inflación, pero que el total disminuya en la medida en que nuevas generaciones estén afiliadas al régimen contributivo.


Para financiar este rubro se puede pensar en generar nuevos ingresos, pero también hay como reducir o mejor dicho optimizar otros gastos. Por ejemplo, de acuerdo a datos anuales, que constan en la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019, se podría revisar, en parte, los USD 1.888 millones (1,9% del PIB) presupuestados para subsidios a los combustibles en 2016, los USD 1.251 millones (1,2%) destinados a incentivos productivos (cuyos beneficios no son claros), o los USD 388 millones (0,4% del PIB) destinados a gastos personales deducibles del impuesto a la renta, en 2014 (los dos últimos datos), entre otros rubros. Y considerar desde una mirada de equidad que mientras estos subsidios se destinan mayoritariamente a la población de mayores recursos, las pensiones no-contributivas se enfocarían en personas de bajos recursos económicos, e incentivarían el consumo. Además, entre los beneficios, el efecto sería reducir el porcentaje de personas adultas mayores pobres de 27,5% a 13,3% (160 mil personas adultas mayores menos en pobreza). Avanzar hacia garantizar una vejez libre de pobreza por ingresos (la vida digna es más que eso, pero sin duda sería un avance histórico). Por su parte, la tasa nacional de pobreza se reduciría de 23,3% a 22,5% (en función de los hogares en los que viven las personas adultas mayores). Es decir 258 mil personas saldrían de la pobreza.


La propuesta de Lenín Moreno, enfrenta directamente los objetivos nacionales y globales de erradicar la pobreza y universalizar la seguridad social. En el caso de pensiones a personas adultas mayores aquí se deja una forma de hacerlo como aporte al diálogo. Pero también es importante señalar que no debería quedarse ahí, hay que mirar a la seguridad social no-contributiva en el caso de niños y niñas. Es necesario reformar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) para hacerlo eficiente y eficaz, y hay que fortalecer los programas públicos y privados de desarrollo infantil integral, y el acceso a agua segura y ambiente sano. Y sin duda hay que potenciar el empleo, donde la prioridad debería estar en la economía popular y solidaria, en la inclusión y la mejor distribución de la riqueza.


Ver versión publica en Gkillcity (24 de octubre de 2016): http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/seguridad-social-la-tercera-edad 

Leído 2270 veces Modificado por última vez el 29 Mar,2017
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