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Ciudades

Erradicar pobreza

OBSERVATORIO CIUDADANO

Andres Mideros

Andres Mideros

Lenín Moreno, con su regreso al Ecuador y la aceptación de la candidatura a la Presidencia de la República por el Movimiento Alianza PAiS, ha hecho dos anuncios fundamentales. El primero es establecer el diálogo como sello de su propuesta y su gestión, reivindicando a la política como medio para dar solución a los problemas de la sociedad. El segundo anuncio, con una propuesta concreta (pocas se han escuchado hasta el momento), es el de proporcionar “aseguramiento universal para las personas de la tercera edad, y una pensión que permita vivir dignamente a todos los que lo necesiten”. Es un anuncio central, y en este artículo pretendo dar algunas ideas para el diálogo al que se ha invitado, pensando en los grandes objetivos nacionales.


La importancia del aseguramiento universal toma fuerza en la agenda internacional con la recomendación 202, del 2012, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la implementación de pisos de protección social; recordando (lamentablemente hace falta) que la seguridad social universal está establecida en el artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Más aún se debe tener en cuenta que el primero de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establece “Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo”, y para ello la meta 1.3. dice “poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para todos, incluidos niveles mínimos”. Por su parte la Conferencia Regional sobre Desarrollo Social en América Latina y el Caribe de 2015 da claridad sobre el rol fundamental de la seguridad social inclusiva. En lo nacional, la Constitución de 2008 establece en el numeral 1 del artículo 3 como deber primordial del Estado el “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social, y el agua para sus habitantes”; el numeral 5 del mismo artículo establece “erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza”. Por su parte el artículo 34 establece a la seguridad social como un derecho irrenunciable; y el numeral 3 del artículo 37 establece que el Estado garantizará a las personas adultas mayores “la jubilación universal”. Por su parte, desde el artículo 367 se establece el sistema de seguridad social como instrumento para el cumplimiento de este deber del Estado, y derecho ciudadano. Finalmente, el Plan Nacional para el Buen Vivir 2013-2017 (que es de obligatoria observancia para el sector público, de acuerdo al artículo 280 de la Constitución) señala como política 2.10 “garantizar la protección y la seguridad social a lo largo del ciclo de vida, de forma independiente de la situación laboral de la persona”. Dicho lo anterior, es evidente que dialogar sobre la seguridad social es estar pensando en los grandes objetivos nacionales.


En el Ecuador, los últimos años muestran mejoras sustanciales en la cobertura de la seguridad social. De acuerdo a datos disponibles en el Sistema de Indicadores Sociales del Ecuador, el porcentaje de la población económicamente activa (P.E.A.) cubierta por la seguridad social pasó del 26,3% en diciembre de 2007 al 44,2% en diciembre de 2015. A esto se debe añadir que se amplió la cobertura a personas dependientes; y resaltar la inclusión a la seguridad social de trabajadoras y trabajadores del hogar, ya sean estas actividades remuneradas o no. En los pendientes aún está el trabajo autónomo, los actores de la economía popular y solidaria, los artistas y gestores culturales, entre otros. En el caso particular de las personas adultas mayores (quienes hayan cumplido los 65 años de edad, como lo establece el artículo 36 de la Constitución), cálculos propios en base a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), muestran que la cobertura de la seguridad social (IESS incluyendo seguro campesino, ISSFA, ISSPOL) pasó del 28,3% en diciembre de 2007 al 42,2% en diciembre de 2015. Si a esto se aumenta la cobertura de pensiones no-contributivas (pagadas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES), la cobertura subió de 45,4% en diciembre de 2007 a 71,8% en diciembre de 2015. Se debe señalar además que las pensiones no-contributivas a personas adultas mayores tienen un efecto directo en la reducción de la pobreza, de 0,8 puntos porcentuales en diciembre de 2015. Es decir más de 128 mil personas (adultas mayores y quienes viven con ellas) superan la línea de pobreza por ingresos gracias a este tipo de pensión.


Ahora bien, ¿qué significa aseguramiento universal a todas las personas de la tercera edad con una pensión que les permita vivir dignamente? Es bastante intuitivo que para incluir a las personas adultas mayores a la seguridad social se lo debe hacer a través de pensiones no-contributivas (actualmente a cargo del MIES), a diferencia del caso de personas jóvenes donde se espera que estas contribuyan a lo largo de su vida laboral al IESS, el ISSFA o el ISSPOL (regímenes contributivos). Siendo ese el caso, estas pensiones deberán ser financiadas permanentemente desde el Presupuesto General del Estado, por eso (fuente de financiamiento) y otras razones (de concepto y de Ley) tiene sentido que lo haga el MIES y no el IESS por ejemplo.


Utilizando la ENEMDU a diciembre de 2015 se estima que en el Ecuador hay alrededor 1,1 millones de personas adultas mayores, de las cuales 475 mil (42,2%) están afiliadas a la seguridad social en régimen contributivo (IESS, ISSFA o ESSPOL). Entonces se debería pensar en 651 mil personas que deberían recibir una pensión no-contributiva. El valor de la pensión debe permitir vivir dignamente. Esto es algo difícil de cuantificar. Pensando en mínimos y siendo sensibles con el estadio de desarrollo del país, la pensión debería cubrir por lo menos el valor de la línea de pobreza (USD 83,79 mensuales, a diciembre de 2015). Es así que la inversión anual ascendería a alrededor de USD 655 millones (0,7% del PIB). Recordemos sin embargo que ya existe un programa de pensiones no-contributivas, en el MIES, con un presupuesto anual de USD 274 millones en 2016, el cuál sería reemplazado (o mejor dicho ampliado en cobertura y monto), lo cual significa que el presupuesto adicional necesario es menor (USD 380 millones; 0,4% del PIB) y que no son necesarios nuevos gastos de implementación y operación del programa. A futuro el monto individual se esperaría que se ajuste al alza por la inflación, pero que el total disminuya en la medida en que nuevas generaciones estén afiliadas al régimen contributivo.


Para financiar este rubro se puede pensar en generar nuevos ingresos, pero también hay como reducir o mejor dicho optimizar otros gastos. Por ejemplo, de acuerdo a datos anuales, que constan en la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2016-2019, se podría revisar, en parte, los USD 1.888 millones (1,9% del PIB) presupuestados para subsidios a los combustibles en 2016, los USD 1.251 millones (1,2%) destinados a incentivos productivos (cuyos beneficios no son claros), o los USD 388 millones (0,4% del PIB) destinados a gastos personales deducibles del impuesto a la renta, en 2014 (los dos últimos datos), entre otros rubros. Y considerar desde una mirada de equidad que mientras estos subsidios se destinan mayoritariamente a la población de mayores recursos, las pensiones no-contributivas se enfocarían en personas de bajos recursos económicos, e incentivarían el consumo. Además, entre los beneficios, el efecto sería reducir el porcentaje de personas adultas mayores pobres de 27,5% a 13,3% (160 mil personas adultas mayores menos en pobreza). Avanzar hacia garantizar una vejez libre de pobreza por ingresos (la vida digna es más que eso, pero sin duda sería un avance histórico). Por su parte, la tasa nacional de pobreza se reduciría de 23,3% a 22,5% (en función de los hogares en los que viven las personas adultas mayores). Es decir 258 mil personas saldrían de la pobreza.


La propuesta de Lenín Moreno, enfrenta directamente los objetivos nacionales y globales de erradicar la pobreza y universalizar la seguridad social. En el caso de pensiones a personas adultas mayores aquí se deja una forma de hacerlo como aporte al diálogo. Pero también es importante señalar que no debería quedarse ahí, hay que mirar a la seguridad social no-contributiva en el caso de niños y niñas. Es necesario reformar el Bono de Desarrollo Humano (BDH) para hacerlo eficiente y eficaz, y hay que fortalecer los programas públicos y privados de desarrollo infantil integral, y el acceso a agua segura y ambiente sano. Y sin duda hay que potenciar el empleo, donde la prioridad debería estar en la economía popular y solidaria, en la inclusión y la mejor distribución de la riqueza.


Ver versión publica en Gkillcity (24 de octubre de 2016): http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/seguridad-social-la-tercera-edad 

Por @andresmideros

 

La pobreza tiene muchos rostros. Hambre, no contar con recursos para alimentarse adecuadamente. Sed, no tener acceso a agua segura. Insalubridad, no contar con alcantarillado, vivir en una casa con materiales inadecuados, vivir hacinados. Ser vulnerable a riesgos naturales y de salud. No tener un trabajo digno ni seguridad social. Niños/as que no van a la escuela, y sufren malnutrición. Pero también discriminación, exclusión, explotación y violencia. La pobreza es no tener derechos, ni oportunidades.


En los últimos años se han logrado importantes avances. Sin embargo, uno de cada cuatro ecuatorianos todavía sufre de varias de estas condiciones, especialmente niños/as, adultos mayores, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianos. Quedan muchos desafíos.


Todos los indicadores de pobreza muestran reducciones importantes:

  • La pobreza por ingresos (contar con menos de $ 2,79 diarios, a diciembre de 2015) se redujo de 37,6% en 2006 a 23,3% en 2015. Esto significó que 1,5 millones de personas salieron superaron este umbral.
  • La pobreza por consumo (consumir menos de $ 2,81 diarios, a 2014; la diferencia con el ingreso es que esta mide consumo real, y la primera disponibilidad de ingresos) cayó de 38,3% en 2006 a 25,8% en 2014. 1,3 millones de personas superaron este tipo de pobreza.
  • La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) que combina condiciones de los hogares (acceso a servicios básicos, calidad de materiales de la vivienda, hacinamiento, asistencia a la escuela y dependencia económica) pasó de 51,6% a 32,9% entre 2005 y 2015.
  • El porcentaje de personas en situación de pobreza multidimensional (que mediante 12 indicadores organizados en cuatro dimensiones aproxima el ejercicio de los derechos del Buen Vivir de educación; trabajo y seguridad social; salud, agua y alimentación; y hábitat, vivienda y ambienta sano) se redujo de 51,5% en 2009 a 35,0% en 2015, lo que representa que 1,9 millones de personas superaron esta condición de pobreza estructural.

 

Pobrezas 2016 08 29

 

Reducir la pobreza no es cuestión de suerte, sino que ha respondido a la planificación nacional. Las diferentes ediciones del Plan Nacional para el Buen Vivir (uno por periodo de Gobierno) y la Estrategia Nacional para la Igualdad y la Erradicación de la Pobreza (ENIEP) establecen los lineamientos de política pública cuya implementación ha permitido alcanzar estos logros. Por ejemplo, al revisar la evolución de la pobreza por consumo (coyuntural) se observa que está aumentó de 39,3% en 1995 a 44,8% en 1998, y que después regresó a un valor de 38,3% en 2006. Una década perdida en reducción de la pobreza. De hecho, se observa que en los ocho años comprendidos entre 1998 y 2006 este tipo de pobreza se redujo en 14,5%. Mientras que entre 2006 y 2014 este indicador de pobreza se redujo en 32,6%. Es indudable entonces que los últimos años han sido los de mayor reducción de la pobreza. Detrás están políticas públicas que incluyen el salario de la dignidad y el impulso a la economía popular y solidaria (EPS) a través de capacitación, asistencia técnica, asociatividad, crédito, preferencia en compras públicas, y acceso a mercados (ferias y regulación de perchas de supermercados), pero además las políticas de transferencias monetarias (BDH, Bono Joaquín Gallegos Lara, pensiones no-contributivas a personas con discapacidad y adultos mayores).


De manera similar, la reducción de la pobreza multidimensional (estructural) refleja logros de política pública. La carencia que más se ha reducido es la falta de acceso a la seguridad social, que se explica por una ampliación de cobertura donde se debe destacar la afiliación de trabajadores/as remunerados y no remunerados del hogar al IESS, pero además por la implementación de pensiones no-contributivas para adultos mayores desde el MIES. Así mismo se han reducidos carencias en cuanto a logro educativo incompleto e inasistencia a educación básica, déficit habitacional (vivienda), desempleo y acceso a servicios de agua y saneamiento. En esto se reflejan las políticas educativas, de vivienda, y el financiamiento desde el Banco de Desarrollo del Ecuador (anteriormente, Banco del Estado) a GAD Municipales para obras de agua potable y alcantarillado. Aquí está la apuesta para el futuro, la inversión más allá de infraestructuras, en generación de capacidades e igualdad de oportunidades.


Sin embargo quedan varios desafíos. La pobreza aún no se ha erradicado. Además, la crisis económica mundial afecta al Ecuador reduciendo la liquidez y la actividad económica y con ello el empleo y los ingresos. De manera particular, en diciembre de 2015 y junio de 2016 se evidenció un incremento de la pobreza por ingresos, particularmente en zonas rurales donde aumentó 4,0 y 2,9 puntos porcentuales respectivamente, en comparación con el mismo mes del año anterior (es decir en junio de 2016 habían 178 mil más personas en situación de pobreza que en junio de 2015). Por otro lado, la buena noticia es que la pobreza estructural medida por el IPM no se ha incrementado. En junio de 2015 estaba en 37,3% de la población y en junio de 2016 en 36,1%. Esto refleja que la crisis económica afecta a la pobreza coyuntural, pero que en términos generales se tienen mayores capacidades que en el pasado.


¿Qué hacer en este escenario? ¿Cómo afrontar la crisis? Así como en escenarios económicos positivos la política (y su expresión en política pública) refleja prioridades para distribuir y redistribuir beneficios, en crisis hay que ver a los costos. Evitar retrocesos en reducción de pobreza estructural (multidimensional) requiere que se mantengan y sostengan servicios sociales de salud, educación, primera infancia, seguridad social, vivienda, agua y saneamiento. Esto debe reflejarse en prioridades concretas dentro del Presupuesto General del Estado. Frente a la pobreza coyuntural (de ingreso) las prioridades deben estar en ampliar el fomento de la economía popular y solidaria que es dónde (todavía) se encuentra la población más vulnerable. Esta no está empleada en grandes empresas recibiendo el salario de la dignidad y afiliada a la seguridad social, ni con ahorros y acceso a créditos, ni con posibilidades de viajar a hacer compras en otro país (es decir, con mayores capacidades de afrontar la crisis). Así mismo, la población damnifica por el terremoto del 16 de abril, en su mayoría, no realiza actividades económicas catalogadas de “empleo adecuado”. Es a estos sectores a los que se debe dar hoy más que nunca incentivos productivos, acceso a crédito y medios de producción, y prioridad en compras públicas. Recordando además que estos sectores (la mayoría de la población) son los dinamizadores de las economías locales, ya que su consumo se da dentro de su propio territorio.


Finalmente hay un gran pendiente. La meta siempre ha sido erradicar la pobreza extrema por ingresos al 2017. La tendencia era la correcta, pero ahora está en alto riesgo de no cumplirse. La política pública en todas las agendas globales y regionales hace una apuesta decidida por las transferencias monetarias (condicionadas o no). En el Ecuador tenemos al BDH, y la literatura muestra que lejos de generar desincentivos (dejar de trabajar, asumiendo que la gente es vaga), ayuda a hogares en pobreza extrema a superar “trampas de pobreza” (poder comer, tener un ingreso seguro para emprender, cubrir costos de transporte para acceder a servicios, e incluso acceso a crédito). En el mundo y en la región se vienen expandiendo este tipo de programas, y la evidencia científica es clara en su capacidad (para junto a otros programas complementarios) dar condiciones y oportunidades a los hogares para que con su esfuerzo salgan de condiciones de pobreza extrema. Una pequeña reforma, que permita pasar de una transferencia plana (el BDH es de $ 50 mensuales al hogar, sin importar el número de personas) a una que considere el número de niños/as y adolescentes en el hogar (transferencia variable), y ajustando el instrumento de focalización para garantizar que se llegue a los hogares en pobreza extrema por ingresos permitiría alcanzar esta meta al 2017. Sin duda, hay un costo. No más del 0,1% del PIB, para tener un país sin pobreza extrema. ¿Cuánto se gasta en subsidios a la gasolina, subsidios a pensiones, en incentivos a grandes empresas, en deducciones al impuesto a la renta?


La pobreza es la negación de derechos, y por ende de la ciudadanía, es generada por estructuras de poder económicas, políticas y culturales. Los pobres no son quienes salen a marchar o contramarchar, porque son los sin voz, los nadie diría Galeano. Erradicar la pobreza extrema es un imperativo moral, debe ser la prioridad de las voluntades sociales y políticas. Es posible, es un deber ético.


 

Ver versión (reducida) publicada en Diario El Telegrafo (30 de agosto de 2016): http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/punto-de-vista/1/logros-y-desafios-en-la-erradicacion-de-la-pobreza


Ver versión (ampliada) publicada en GKILLCITY (5 de septiembre de 2016): http://gkillcity.com/articulos/el-mirador-politico/ecuador-tiene-menos-pobres-pero-aun-son-demasiados?utm_campaign=shareaholic&;utm_medium=twitter&utm_source=socialnetwork


Ver versión publicada en Kafeina.tv (14 de enero de 2017): http://www.kafeina.tv/erradicacion-de-la-pobreza-ecuador/

@andresmideros

 

La crisis económica 2015-2016, que es global, afecta de manera particular al Ecuador. La caída del precio del petróleo reduce los ingresos fiscales, y agrava problemas de liquidez que responden a condiciones estructurales de debilidad de balanza de pagos. Por su parte, la dolarización limita las respuestas de política monetaria frente a la devaluación de otras monedas. En ese contexto se reduce la actividad económica y caen el empleo, el ingreso y el consumo de lo hogares. En las previsiones existían riesgos de erupción del volcán Cotopaxi, y de impactos severos del Fenómeno del Niño. No fue así; pero el terremoto del 16 de abril que tuvo como principal afectación lo social, generó impactos que se reflejan en pérdidas económicas y daños costeados en alrededor de $ 3.344 millones de dólares. No es casualidad que los desastres naturales afecten a zonas de mayor concentración de pobreza.


La pobreza es multidimensional. Sin embargo, un objetivo mínimo es la erradicación de la pobreza extrema por ingresos. Aquella que indica que una persona no puede adquirir una canasta vital de alimentos ($ 1,57 al día; $ 47,22 al mes). El Ecuador se planteó erradicar este tipo de pobreza hasta el 2017. Más que una meta es un imperativo moral. Es el primer paso de cualquier régimen de bienestar que entiende la necesidad de desmercantilizar el bienestar y el trabajo, que comprende que los derechos (la vida digna, la igualdad de oportunidades) se debe garantizar vinculados a la ciudadanía y no por el éxito o fracaso en la economía de mercado. En Europa se entendió esto después de dos guerras mundiales, y en medio de la “guerra fría”. En Ecuador se lo estableció en la Constitución de Montecristi.


Ecuador venía en el camino correcto. El porcentaje de pobres extremos por ingreso frente a la población total se redujo de 16,45% en diciembre de 2007, a 7,65% en diciembre de 2014. En 2015 el cambio no fue estadísticamente significativo (8,45%). Este indicador depende del ingreso. Es decir del trabajo y de las transferencias monetarias. Lo primero es lo sostenible, lo segundo es evitar que el mercado produzca miseria, al tiempo que se fomenta la inclusión solucionando “trampas de pobreza” (hambre, enfermedad, poca educación, restricciones de liquidez, comportamientos de corto plazo por necesidad, etc).


Ante la crisis económica y la emergencia por el terremoto esta meta está en riesgo. La política pública debe defender el ingreso de los trabajadores; priorizar el empleo de la población pobre y vulnerable, mediante la preferencia de actores de las economías populares y solidarias para compras públicas y la reconstrucción; implementar proyectos públicos que empleen a población con vulnerabilidad económica, y damnificada por el terremoto, re-priorizando el gasto y la inversión pública y direccionando la privada; fortalecer las transferencias monetarias, como el BDH y bonos para damnificados, para garantizar ingreso/consumo, fomentar la inclusión económica, y mejorar su eficiencia.


Crisis y emergencia traen costos, estos debe cubrirlos primero el capital, no los seres humanos; y después quienes mejores condiciones tienen. También hay oportunidades, para actuar en dos grandes limitaciones para erradicar la pobreza: la estructura económica y la solidaridad. Hay que retomar la idea de pleno empleo digno, evitar mayores concentraciones de medios de producción y de ventas, que podrían justificarse ante la crisis o la emergencia; apostar decididamente por economías populares y solidarias, por la agricultura familiar y campesina, con innovación inclusiva, democratizando el acceso a tierra, agua, crédito, tecnología, cadenas de comercialización. Es necesario preguntarse con qué relaciones económicas queremos reconstruir las zonas afectadas, y salir de la crisis económica. Hay que pensar la solidaridad más allá de donaciones emergentes. Preguntarse porqué viajar a comprar en Colombia, y no en Manabí o Esmeraldas. Entender que todos debemos contribuir en función de nuestras posibilidades, y que la pobreza y la desigualdad hace daño a toda la sociedad. El pacto social no existe sin pactos fiscal y ambiental. La economía para el bienestar es un medio, no un fin.


De esto debe hablar el Gobierno, los candidatos para las próximas elecciones, pero sobre todo la sociedad. Ante la crisis y la emergencia, qué la política del diálogo se profundice.

 

Ver versión publicada en Diario El Telegarfo (16 de junio de 2016): http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/8/frente-a-la-crisis-y-el-terremoto-donde-queda-la-erradicacion-de-la-pobreza