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Ciudades

Ciudades para todos

QUITO DEL BUEN VIVIR

Andres Mideros

Andres Mideros

Por: @andresmideros


Con el cambio de autoridades en el Municipio de Quito la ciudad quedó en un vacio político. Esto se refleja en la ausencia de una propuesta (proyecto) de ciudad desde la actual administración municipal, así como en la calidad y cantidad del debate público. Desde la posesión del actual alcalde (Mauricio Rodas), en mayo de 2014 (e incluso durante la campaña), el discurso ha sido atacar la gestión (y la propuesta) de la administración anterior; se ha intentado “cumplir” ciertas ofertas de campaña; y se organiza la gestión en base a encuestas, a fin de evaluar la popularidad del alcalde para una eventual candidatura presidencial (2017 ó 2021, es la pregunta a responder). Incluso proyectos fundamentales como el Metro dependen de la decisión electoral que se tome.


La falta de un proyecto de ciudad se da por la baja calidad de la campaña electoral (faltó debate de fondo) que llevó a la elección de una candidatura improvisada, la cual lejos de buscar transformar a Quito y su sociedad pretendía mantener a una persona en la palestra pública para auspiciar deseos presidenciales. En ese contexto, el intento de desmantelar “lo anterior” es la forma en que se busca legitimización, con el mensaje de que “lo anterior era malo” acompañado de un esperanzador “podemos vivir mejor”; aunque hasta la fecha no se ha probado lo primero, ni se ha explicado cómo se quiere lograr lo segundo. Por esos motivos el discurso empieza a agotarse, como lo evidencia la caída en la calificación de la gestión del alcalde de 20 puntos porcentuales, entre agosto y noviembre de 2014 (de acuerdo a datos de Perfiles de Opinión). Por otra parte, se usa un discurso de “todos los colores” cuyo objetivo no es el de fomentar la inclusión y la participación ciudadana sino de silenciar el debate político y programático. No a la crítica, no al debate. Esto porque desde la administración municipal no se tienen ni propuestas ni respuestas. Incluso las entrevistas se hacen con guion y telepromter, en complicidad con medios de comunicación privados. Se sabe que es principio interno de la administración municipal: “hacer poco, para equivocarse menos”.


En siete meses de la administración de Mauricio Rodas se han concluido obras que estaban en marcha (por ejemplo, las aperturas de la calle Isaac Albéniz y la segunda Fase de la Ruta Viva) y se ha continuado con la red de parques del distrito. Por otro lado se retiraron (algunos/as dicen que se rediseñaron) ciclovías en las calles Ulloa y Cordero (entre otras), se financió con dinero público servicios de transporte a centros comerciales privados, se declaró emergencia en el sistema de transporte (el resultado fue: pintar de colores los buses), a inicios de 2015 se incorporarán nuevas unidades de transporte colectivo (en buen hora, aunque la solución será temporal), se remodeló una parada del trole con financiamiento del Banco Pichincha, que más tarde recibió publicidad en la teletón organizada por la autonombrada “primera dama”; se fomenta una propuesta de inclusión social desde la “caridad” (y no desde los derechos). Se anunció que el alcalde y su familia usa la llamada “casa de los alcaldes” (pública) como vivienda (¿quién paga por eso?).


Se gastó $ 2 millones (o más, no es claro) en un concierto por fiestas de Quito. Se aprobó una Comisión Taurina. Se bajaron multas de tránsito; el control lo hacen agentes municipales en motos, pero la impunidad y falta de autoridad se evidencia todos los días en todas las calles de la ciudad; se quiere flexibilizar el pico y placa (exonerar a autos con más de 2 pasajeros; no han explicado cómo se controlará). Los taxis no ponen taxímetro y escogen que rutas atender, nadie controla. El espacio público vuelve a ser tomado por comerciantes informales. Los bulevares que antes eran centro de actividad cultural, de a poco se convierten en mercados. No hay autoridad.


El alcalde ha sido multado por la Superintendencia de Comunicación por acciones de “censura previa” a programas de radio; existen denuncias sobre irregularidades en contratos desde la Secretaría de Cultura; no se ha explicado la relación del alcalde Rodas con personas vinculadas al cartel de Sinaloa y al lavado de dinero (que ha visitado la ciudad y al alcalde varias veces este año); no se ha presentado un plan de movilidad y se ha atacado al proyecto (en marcha) del Metro, al punto de poner en duda su continuidad; pero se busca financiamiento por alrededor de $ 200 millones para construir teleféricos (nadie sabe cómo se van a conectar, uno irá a la Carolina … ¿y de ahí?). Preocupa el silencio sobre la construcción (que estaba en marcha) de plantas de tratamiento de aguas residuales, de la movilidad alternativa, del soterramiento de cables, de la contenerización de basura, existen falencias en recolección de basura en varios barrios, no se habla del Estatuto Autonómico, se ha dado largas a la regularización de barrios, no se discute ni la planificación del desarrollo ni el ordenamiento territorial. Lo último, es la aprobación de un descuento al impuesto predial. En el debate, el alcalde, presentó públicamente información manipulada (mañosa). El resultado es un descuento regresivo (es decir mayor descuento a quienes más tienen), aunque mínimo ($ 5 al año en muchos casos), que no hace otra cosa que dañar la cultura tributaria y construir un Municipio paternalista y de caridad. Se subestima a la gente, mientras se pinta (literalmente) la ciudad de los colores del movimiento político del alcalde; incluso se ha dicho que el color de los agentes de tránsito será similar a los que el alcalde ha usado en sus campañas electorales (póngale atención).


Varios de estos temas se han analizado anteriormente, es importante que la ciudadanía debata y exija información al municipio. Pero es necesario además recordar que existe un Concejo Metropolitano (para legislar y fiscalizar), y en este hay 21 concejales/as electos. La vicealcaldesa Daniela Cachón (de SUMA) preside la comisión de participación. A la fecha no se ha escuchado de ningún proceso participativo, las propuestas del municipio salen desde los escritorios, y la ciudadanía no participa en las decisiones públicas. Como vicealcaldesa reemplaza al Alcalde cuando se ausenta (este tiene una agenda intensa en otras provincias y otros países: ¿qué está buscando?), y la falta de experiencia ha hecho que se suspendan varias sesiones del Concejo. Otros/as concejales de SUMA son Marco Ponce, Carla Cevallos e Ivone Von Lippke, de quienes poco se ha escuchado; con excepción quizá de la ordenanza de “empleo joven” (que parece buena iniciativa pero no se sabe si quedará en papel, habrá que evaluar con tiempo). El bloque de SUMA parece que sigue en campaña, atacando a la administración anterior y ofreciendo “el oro y el moro”. Deberían recordar que lo único que tiene un/a político/a es su palabra.


Otro miembro del concejo es Antonio Ricaurte (de VIVE), quién mantiene un pacto (con tensiones) con el alcalde, y al parecer tiene buena comunicación con Carondelet. A la fecha, funciona como comodín ya sea para frenar al alcalde o para asegurarle mayoría. Es el mayor opositor a la construcción del Metro, y propone junto a ex funcionarios/as de la administración de Paco Moncayo un tren en superficie. Es importante poner atención, para saber si es verdad que Armando Rodas (hermano del alcalde) lleva negociaciones con la empresa Odebrecht (oferente para la construcción del Metro), y si Ricaurte en cambio tiene algún interés privado en la licitación. En el bloque de VIVE se tiene además a los/as concejales/as Pedro Freire, Mario Granda, Renata Moreno, y Sergio Gárnica, con quienes Ricaurte ha tenido desencuentros. No se sabe qué tipo de ciudad pretende este grupo; pero si se conoce que algunos tienen relaciones con intereses privados. Lo mismo aplica al concejal Eduardo del Pozo (de CREO).


Por su parte, la segunda vicealcaldesa es Anabel Hermosa (de Alianza País), quién además es subdirectora provincial de AP en Pichincha. Estas funciones explican que ahora sea invitada a todo evento que realiza el Gobierno central, así como su presencia en cada “enlace ciudadano” que realiza el Presidente de la República. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce ningún pronunciamiento que permita posicionarla como un contrapeso político real. Ante la ausencia de un proyecto de ciudad, se esperaría que la vicealcaldesa, del bloque opositor, asuma mayor liderazgo para debatir, cuestionar y proponer. De momento, el silencio (y entonces la crítica) es el mismo. No se debe desperdiciar el espacio que tiene. El bloque de AP lo completan Jorge Albán, Soledad Benítez, Susana Castañeda, Mario Guayasamín, Carlos Páez, Luís Reina, Luisa Maldonado, Eddy Sánchez, Karen Sánchez y Patricio Ubidia. Este bloque se ha concentrado en fomentar la continuidad de proyectos que dejó en marcha la administración anterior (de AP), ha hecho correcciones (de forma y fondo) al alcalde sobre las propuestas que presenta (algunas personas critican el exceso en “hacerle los deberes” al alcalde), y ha votado en blanco en temas claves como el descuento al impuesto predial, mostrando su inconformidad pero permitiendo que el alcalde cumpla sus ofertas de campaña. Es tiempo que asuman la representatividad que tienen como bloque mayoritario. Al final se los eligió por un proyecto político y social para Quito. Frente al abandono de la ciudad que representa el alcalde Rodas, es del bloque de AP que se espera mayor trabajo político, cercanía con la población, y llevar a debate las propuestas de ciudad que se tiene.


Termina el año calendario, pronto será un año de gestión, hay que estar atentos a las rendiciones de cuentas del alcalde y los/as concejales/as. En siete meses se han dado retrocesos significativos en la ciudad, varios temas se deben fiscalizar, y hay mucho por hacer. Es necesario saber ¿adónde vamos?

Por: @andresmideros

 

Pasaron las fiestas de Quito; dejaron muchas cosas que son dignas de análisis y reflexión. Pero hay una que destaca, ya que de ella depende el futuro mediato de la ciudad: El Metro. Es importante tener en cuenta los beneficios de este proyecto. La movilidad en Quito es caótica, y no se solucionará pensando una ciudad para el uso de vehículos privados. Más del 70% de la población utiliza transporte público, y este se encuentra saturado. El Metro entonces se piensa como columna vertebral de un sistema integral y multimodal, como una solución sostenible (social y ambientalmente) para la movilidad.

 

Además, se debe señalar que es una obra en marcha. Los estudios así como sus primeras fases de implementación fueron desarrolladas por la administración municipal 2009-2014. Se creó la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (EPMMQ) y se logró financiamiento por USD 1.500 millones (valor del presupuesto referencial), que incluye UDD 750 millones de aporte del gobierno nacional que se justifica por externalidades (ambientales y de productividad) y por ahorro fiscal (subsidio a combustibles). Logros no menores. El financiamiento viene a través del Banco del Estado (USD 152 millones) y de cuatro multilaterales, que son: el Banco Europeo de Inversiones (USD 259 millones), la Corporación Andina de Fomento (USD 250 millones), el Banco Interamericano de Desarrollo (USD 200 millones), y el Banco Mundial (USD 200 millones). Los estudios fueron desarrollados por Metro Madrid y evaluados por el Municipio, el gobierno nacional y los multilaterales. No son invento de una persona. En cuanto a obra física, la fase 1 (estaciones multimodales de La Magdalena y El Labrador) se adjudicó en noviembre de 2013, y está cerca de concluir. Por su parte en julio de 2014 se adjudicó la adquisición y financiamiento de material rodante (trenes) y auxiliares. El Metro además, es parte del Plan Maestro de Movilidad que incluía repotenciación de sistemas actuales, y su ampliación a zonas como Calderon, así como el plan vial (muchas obras se están inaugurando en estos meses). En conclusión, el Metro era una obra en marcha, y parte de un plan integral que dejó la administración anterior.

 

La actual administración (2014-2019) llegó con críticas a este proyecto; ya desde la campaña electoral decían que el costo sería mayor al presupuestado (¿profecía autocumplida?), e incluso varios concejales han señalado que se debería ir por otras alternativas (¿demagogia?). Al inicio de la gestión se extendió el plazo de obra, cambiando los términos de referencia originales, aumentando 6 meses para “pruebas de integración” y “pruebas de marcha en blanco”. Mayor tiempo y la gestión reciente del proyecto puede aumentar costos indirectos (por ejemplo, costo de financiamiento, seguros, gastos administrativos, entre otros). Al presentarse las ofertas técnicas y financieras, el presupuesto ofertado superó al referencial en entre USD 490 y 852 millones. El Municipio entonces instaló una Comisión Técnica para evaluar el proyecto del Metro. El tiempo pasó y la comisión señaló que el proyecto es técnica y financieramente viable. Ahora, la continuidad de este proyecto depende de la decisión política y la capacidad técnica de la actual administración municipal.

 

Lamentablemente el debate se centra más en los costos que en los beneficios. Sin embargo, es muy alentador que en las últimas semanas el actual alcalde ha señalado que el Metro es una prioridad para Quito. En buena hora, creo que tendrá el apoyo de la mayoría de quiteños y quiteñas para llevar adelante este proyecto. Sin embargo, aún no se hacen públicos los presupuestos ofertados en detalle. No se ha explicado la diferencia con el valor referencial. Esto es fundamental para garantizar transparencia, y dejar de jugar a la politiquería que tanto daño hace.

 

Actualmente se discute sobre el financiamiento. Se debe señalar que ya se cuenta con USD 1.500 millones. Para el monto que faltaría, dadas las ofertas presentadas, el alcalde presentó una propuesta (a la que llamo “creativa”) al Gobierno nacional. En ella se establecían que: i) se buscará optimizar costos por USD 112 millones. En buena hora, pero no se sabe porque no se puede optimizar más. En cualquier caso es claro, ahora, que las ofertas presentadas se pueden renegociar (acercándose más al presupuesto referencial); ii) que el Gobierno nacional financie la brecha (por ejemplo, a través de la compra de acciones de la Empresa Eléctrica Quito), entre USD 490 y 852 millones; y iii) que el Gobierno nacional asuma cualquier tipo de ajuste económico que se realice durante la ejecución de la obra. En resumen, la propuesta del “de pagando, deme haciendo”.

 

El gobierno nacional respondió, indicando que el valor correspondiente a las acciones y otras cuentas patrimoniales de la Empresa Eléctrica Quito alcanzan los USD 156,2 millones, y no los USD 265 millones solicitados por el Municipio. Además, este valor debería considerarse como aporte del Gobierno nacional (no del Municipio) de conformidad a la Ley del Régimen del Sector Eléctrico. Por otro lado, señala que es necesario conocer el detalle de las ofertas presentadas por los oferentes a fin de precautelar el correcto uso de fondos públicos. Finalmente, se recuerda que el proyecto es de competencia municipal; y que el Municipio tiene instrumentos de política pública que puede utilizar para financiar esta obra.

 

Hasta aquí la historia, y cada quién puede sacar sus conclusiones. A continuación dejo algunas opiniones con la intención de aportar al debate y a la búsqueda de soluciones:

 

En primer lugar se deben considerar y difundir en mayor medida los beneficios del Metro. De esta manera, se debe considerar a este como un proyecto prioritario de la ciudad, y en consecuencia buscar ajustes presupuestarios para dirigir fondos hacia su financiamiento. Por ejemplo, se puede gastar menos en publicidad y conciertos, y posponer la idea de gastar en descuentos al impuesto predial (por lo menos de la forma en que se lo quiere hacer). Esto quiere decir, que el presupuesto sea coherente con las prioridades de la ciudad. Me atrevo a señalar que por lo menos USD 15 millones anuales se podrían redireccionar (desde gasto de descuentos a impuestos, ~USD 10 millones, de publicidad, ~USD 2 millones, y de conciertos, ~USD 3 millones). En 42 meses (que es el plazo de construcción) nos dan USD 52,5 millones.

 

Segundo, se deben transparentar las ofertas financieras. Es necesario que la ciudadanía conozca en detalle el motivo (los rubros) que generan diferencia entre el presupuesto referencial y el de las ofertas. En este sentido se debe entrar en renegociación con los oferentes, en la medida que sea justificable. El Municipio ya ha señalado que se puede optimizar USD 112 millones. Bien podrían ser más, si se negocian las diferencias en costos indirectos (gastos adminsitrativos, de financiamiento y de seguros, entre otros).

 

Tercero, hay propuestas que se deben analizar. Por ejemplo pensar en una tasa a la matrícula y/o al consumo de gasolina de vehículos privados. Con alrededor de 445 mil vehículos privados circulando en la ciudad, si se cobra USD 5 de manera anual se generaría USD 2,2 millones al año. En cuanto a consumo de gasolina asumiendo que cada vehículo utiliza, en promedio, 416 galones al año (= 8 galones x 52 semanas), siendo conservador, si se cobra una tasa equivalente a USD 0,20 por galón se recaudaría USD 37 millones al año. En 42 meses (que es el plazo de construcción) nos dan USD 137,4 millones adicionales.

 

Finalmente, si aún falta o no gustan las opciones anteriores se debe considerar que: i) el Municipio tiene capacidad de endeudamiento, y bien podría gestionar en coordinación con el Gobierno nacional financiamiento adicional a través del Banco del Estado; ii) se debe recaudar el plusvalor que la construcción del Metro generará en el valor de predios privados; iii) se puede mejorar la recaudación de impuestos municipales (sin aumentarlos, sino ampliando la base de contribuyentes, actualizando catastros y mejorando la eficiencia en el cobro/pago), iv) el Metro mejora la competitividad y productividad de la ciudad por lo que bien pueden existir intereses privados para generar alianzas (transparentes y que no afecten la tarifa y carácter público del Metro), y v) se puede titularizar ingresos tanto del aeropuerto como del mismo metro.

 

El Metro es fundamental para la ciudad, su continuidad depende de la voluntad y decisión política del municipio (pensar en la ciudad y no en el cálculo electoral), pero sobre todo de lo que la gente valore y exija ¿Vamos por el metro?

Por: @andresmideros


Los últimos días han estado llenos de rectificaciones y enredos del Municipio de Quito entorno a las fiestas de la ciudad. Se habla de todo, pero se ha puesto poca atención a la propuesta de reforma al impuesto predial. El alcalde, Mauricio Rodas, envío al secretario general del concejo metropolitano, el pasado 17 de noviembre de 2014, “el Proyecto de Ordenanza modificatoria No. 153 para el cálculo del impuesto predial urbano y rural”. En campaña el alcalde propuso “reducir” el impuesto predial, y así como lo hizo con la reducción de multas (prioridad de los primeros 180 días de gestión de acuerdo a diario El Comercio), la nueva prioridad es bajar impuestos.


A continuación analizo la propuesta del alcalde, desde cuatro aspectos, y planteo una reflexión que espero sea un aporte al diálogo. Para ser transparente comparto el archivo en el que constan los cálculos que soportan este análisis (aquí). Además, me permito invitar a que todos y todas revisen la propuesta (aquí), y saquen sus propias conclusiones.


1. Hay que mejorar el diagnóstico: velar por la verdad

La propuesta parte de un “análisis del comportamiento del impuesto predial en el Distrito Metropolitano de Quito”, de siete páginas, firmado por el Director Metropolitano Tributario, Santiago Betancourt Vaca, y aprobado por el alcalde Mauricio Rodas, el cual explica la información y procedimiento utilizado para SIMULAR la aplicación de la ordenanza que regula el impuesto predial (Ordenanza No. 153, de diciembre de 2011). Es importante aclarar que el diagnóstico que se utiliza es una simulación, y no información efectiva de cobro de impuestos y su distribución. En este sentido es fundamental que se difunda, o por lo menos que se revise en el Concejo Metropolitano la información y los supuestos utilizados. Una simulación es el cálculo de un escenario hipotético. La transparencia es fundamental. Además, se debe justificar los objetivos de la propuesta. Cuando se hacen simulaciones, se pueden probar cuantos escenarios se deseen. Entonces, ¿cuál es el objetivo que se busca con la reforma? ¿La propuesta corresponde al mejor escenario para ese fin? (costo-efectividad). Si no se brindan respuestas claras a estas preguntas, parece que simplemente es un escenario que se acomoda al gusto de quién hace las simulaciones.


Sin embargo, la mayor preocupación que deja este análisis es la forma como se presentan los resultados. De mala manera, en la página cuatro, se presenta un gráfico que intenta “demostrar” que la ordenanza vigente carga de igual manera a los predios de menor valor, que a aquellos de mayor valor. Se señala que (cita textual): “A fin de poder procesar la información obtenida, se subdividieron todos los predios en función de los rangos definidos en la tabla de límites para la corrección de la dispersión, y se obtuvo que entre los 4 primeros rangos, es decir quienes poseen bienes con avalúos entre US$ 0,01 hasta US$ 120.000, contribuirán en el pago del impuesto predial en un 19,4%. El mismo análisis se hizo para los 4 últimos rangos de la tabla, es decir para los bienes con avalúos superiores a un millón de dólares y se obtuvo como resultado que en conjunto contribuirán con el 20,5%”.


Esta conclusión es la que el alcalde ha mostrado y mencionado en varios medios de comunicación. Lamentable, porque es incorrecta (por decir lo menos). El informe del alcalde presenta 16 rangos, en base a la tabla de corrección de la dispersión de la ordenanza No. 153. Se entiende que se omiten los predios con avalúo superior a USD 5 millones.

tabla dispersion


El problema es que se comparan grupos de diferente tamaño. No es lo mismo dividir USD 100 entre 50 personas (toca USD 2 por persona), que entre 4 personas (toca USD 25 por persona). Es intuitivo que hay mayor número de predios de “menor valor” que predios de “mayor valor”. En efecto, mientras los primeros cuatro rangos (de menor valor) concentran cerca del 88% de predios (con avalúo menor a USD 120.000), los cuatro últimos rangos (de mayor valor) concentran el 0,34% de predios (con avalúo mayor a USD 1.000.000).


Al considerar el tamaño de los grupos, se llega a conclusiones diferentes. No es cierto que la ordenanza vigente cargue el impuesto en la misma medida a los predios de menor valor que a los de mayor valor. La forma en que se presentan los datos, omitiendo el tamaño de los grupos, es incorrecta.


Sin embargo, los datos también generan dudas. Al intentar replicar la simulación que se hace en el estudio del Municipio (al que llamo escenario “base”), se encuentra que los cuatro primeros grupos (88% de predios) concentran el 10,5% del impuesto predial, y que los cuatro últimos grupos (0,34% de predios) concentran el 51,8%. Resultado que difiere por mucho de lo que señala el Municipio. En este escenario se puede apreciar que el impuesto predial en Quito es altamente progresivo. El 40% de predios (los de menor valor) concentran apenas el 1% del impuesto predial total, y el 60% de predios el 3% (ver panel derecho del siguiente gráfico, dónde el eje horizontal muestra el porcentaje de predios ordenados de menor a mayor valor; cada punto es uno de los 16 grupos del análisis del Municipio). En este sentido, es evidente que la ordenanza vigente establece un esquema en el que los predios de mayor valor pagan más (es decir, es progresivo).


base


Sin embargo, se debe tener en cuenta que esta simulación no cuenta con la base de datos de predios del Municipio, sino que utiliza información agregada disponible de forma pública. En este sentido, pueden existir diferencias, por información de la que no se dispone. Por ese motivo se ajusta (o calibra) la simulación a fin de lograr los resultados presentados por el Municipio, siguiendo diferentes opciones.


En primer lugar se cambia el número de predios en cada grupo, hasta que los cuatro primeros, y los cuatro últimos, concentren cerca del 20% del impuesto predial total (situación que señala el análisis del Municipio). Se obtienen dos resultados: i) la recaudación se reduce en un 47% y ii) el porcentaje de predios en los últimos cuatro grupos se reduce del 0,34% al 0,09%. Dos hechos poco probables, pero que logran replicar el resultado señalado en el informe del Municipio. De todas maneras, aún en este caso, con la distribución que ha señalado el Municipio, el impuesto predial sigue siendo altamente progresivo. Al considerar el tamaño de cada grupo se observa que el 40% de predios (los de menor valor) concentran apenas el 1% del impuesto predial total, y el 60% de predios el 6%.


ajustado


Segundo, se cambia el impuesto pagado de manera que refleje la distribución (en cada grupo) que se tenía en 2011 (antes de la aprobación de la ordenanza vigente). En este caso se obtiene que los cuatro primeros grupos (88% de predios) concentran el 34% del impuesto, y que los cuatro últimos grupos (0,34% de predios) concentran el 24% del impuesto. Situación que se asemeja, de mejor manera, a los resultados del Municipio, y que muestra un gráfico similar al que el alcalde ha mostrado en medios de comunicación (ver panel izquierdo del siguiente gráfico). El resultado (que replica la estructura de 2011) es menos progresivo que los casos anteriores, pero tampoco regresivo, ya que el 40% de predios concentra el 5% del impuesto y el 60% de predios el 14%.


ajustado 2


En una siguiente simulación se replica, para cada grupo, la distribución del impuesto predial pagado en 2012 (una vez aprobada la ordenanza vigente). Los resultados se asemejan al escenario base, y son distintos de aquellos que muestra el informe del Municipio. En este caso el 88% de predios (cuatro primeros grupos) concentran el 17% del impuesto predial, y el 0,34% de predios (cuatro últimos grupos) concentran el 45% del impuesto.


ajustado 3


Finalmente, para una cuarta simulación, se parte del escenario 2012 (ajustado 3) y se cambia la distribución del impuesto entre grupos a fin de replicar el resultado del municipio. Es decir que los cuatro primeros y cuatro últimos grupos concentren alrededor del 20% del impuesto predial, respectivamente. Nuevamente, se tiene un gráfico similar al que ha presentado el alcalde, pero aún así la conclusión a la que llega el Municipio no es consistente cuando se toma en cuenta el tamaño de cada grupo. Es decir, el impuesto predial en Quito es progresivo. Es falso que se cargue de la misma manera a los predios de menor valor que a los de mayor valor.


ajustado 4


De este análisis se puede concluir tres cosas. Primero, se debe dejar claro el objetivo de la reforma y verificar que la propuesta sea la mejor opción para lograrla. “Bajar por bajar” impuestos poco favor le hace a la ciudad. Segundo, las simulaciones son fáciles de alterar, por ese motivo la transparencia es fundamental. Tercero, los resultados que muestra el informe del Municipio deben ser revisados en detalle, y se debe velar por la verdad evitando la presentación “mañosa” de resultados. La ordenanza No. 153 plantea un esquema altamente progresivo.


2. Se propone un “descuento” regresivo: la propuesta genera inequidad

Por otro lado, se ha dicho que la propuesta pretende mejorar la equidad en el cobro del impuesto predial. Sin embargo, se propone un descuento regresivo. Es decir, se da mayor beneficio a quienes más tienen (a propietarios de predios de mayor valor). Es importante aclarar que no se propone una reducción de impuestos, sino establecer un “descuento”. En ese sentido se está generando un gasto fiscal (ingresos que se dejan de recibir), y que así deberán constar en el presupuesto del Municipio. Este descuento se debe entender como un subsidio, un gasto. Es algo que el Municipio deja de recibir, y por ende reduce su capacidad de financiar obras y servicios.


Este gasto (subsidio, descuento) se distribuirá entre propietarios de predios. De entrada quienes no son propietarios (quizá las personas de menores recursos) no recibirán nada. De la misma manera quienes están exentos del pago de impuesto predial (predios urbanos de hasta 25 veces el salario básico, y rurales de hasta 15 veces el salario básico), no van a tener beneficio alguno. Dos grupos poblacionales de “menores recursos” que no tendrán ganancia, pero pierden obras y servicios que podrían ser financiadas con esos recursos (alrededor de USD 7 millones, según mi estimación).


La propuesta parte de un descuento del 100% a quienes pagan un impuesto predial de hasta USD 5 al año (USD 0,42 al mes) y se reduce hasta el 10% a quienes pagan un impuesto de hasta USD 600 al año (USD 50 al mes). El primer caso corresponde a predios con avalúo de alrededor de USD 20.000. El segundo caso es de predios de alrededor de USD 400.000. En el primer caso el descuento es de USD 5; en el segundo de USD 60. Si antes la diferencia entre el que más pagaba y el que menos pagaba era de USD 595, ahora será de USD 540 (9% menor). Mayor descuento a quienes más tienen. Aunque desde el Municipio se insista en que se pretende mejorar la equidad, los números no mienten.


Al considerar la cantidad de predios en cada rango de descuento se puede analizar la progresividad de este beneficio que otorgará el Municipio. Se observa que el 41,6% de los predios (los de menor valor) recibirán el 10% del beneficio (descuento) que otorgará el Municipio. El 80% de predios (de menor valor) recibirá apenas el 51% del beneficio. Mientras que el 20% de predios de mayor valor se queda con el 39% del beneficio. Por donde se mire la propuesta de descuento (subsidio) va a beneficiar a quienes más tienen. Es regresivo.


descuento


Si el verdadero objetivo de la propuesta es generar equidad, se debe cambiar la propuesta. Si lo que se pretende es “bajar por bajar” impuestos, como lo ofreció el alcalde, por lo menos que se diga la verdad.


3. La propuesta de corrección de distorsiones es “blanda”: compensa ingresos no fomenta equidad

El alcalde ha hecho mucho énfasis en que a pesar de reducir impuestos se aumentará la recaudación mediante la “corrección” de distorsiones. Pensé que se trataba de corregir el avalúo de predios. Por ejemplo de viviendas que, en muchos casos, siguen pagando impuesto predial como si se tratase de terrenos baldíos. Pero no. La propuesta se trata de cambiar la tabla de ajuste de distorsiones. Estos son límites al aumento del impuesto predial, que se implementaron para evitar aumentos bruscos en el valor del impuesto predial por actualización de avalúos y cambios en la tasa del impuesto. En la actualidad esos límites van del 10% hasta el 450% (con respecto al impuesto pagado en 2011). Es decir en predios avaluados hasta en USD 20.000 el impuesto no puede ser más del 10% mayor al del 2011; y en predios de hasta USD 5.000.000 este no puede ser mayor al 450% del de 2011. La propuesta es quitar este límite a predios con avalúo mayor a USD 1.500.000. Es una medida que afecta al 0,18% de predios. No afecta a predios avaluados en más de USD 5.000.000, ya que para ellos no existe este porcentaje de corrección de distorsión.


Estoy de acuerdo, pero quedan dudas. Parece que se trata de un ajuste para financiar el descuento. Eso está bien. Pero, ¿por qué no se quita el porcentaje a predios con avalúo mayor a USD 400.000 (1,35% de predios)? Es importante que se expliquen las razones de esta medida, que se evidencie que es la mejor opción para la ciudad, y no simplemente “ajustar por ajustar”. En especial si lo que se busca financiar es un descuento regresivo. Así no se puede hablar de “equidad”.


dispersion 2


4. No soluciona problemas de fondo: la demagogia de “cumplir”

Las disposiciones transitorias de la propuesta evidencian una realidad: “la obsolescencia de la plataforma informática”. Pero lejos de solucionar este problema, se plantea facultar al Director Metropolitano Tributario para dictar actos administrativos referentes a reclamaciones de impuestos. Lo que se plantea está muy bien; pero ¿cuál será la solución a los problemas informáticos?


En la propuesta no se menciona la actualización de catastros, la interconexión con el registro de la propiedad, la simplificación de trámites para el pago de impuesto y la presentación de reclamos (cuando ameriten), la gestión de cobro. Tampoco se discute la plusvalía, y es ahí donde realmente radica el tema de equidad. Una verdadera reforma debería asegurar que cada quién pague lo que tiene que pagar. Pero la propuesta, no va por ahí.


En el análisis de la propuesta no se considera que el impuesto predial es bajo. A lo mucho llega al 5 por mil anual. El 84% de predios pagan menos de USD 1 mensual. Pequeño favor se hace a la sociedad al desincentivar la ya baja cultura tributaria. Son pactos sociales los que definen los servicios públicos, la redistribución, la inclusión y la equidad. Pactos que tienen correlato, en solidaridad, en términos fiscales.


La propuesta no genera beneficio alguno; si habrá algunas pérdidas, y el alcalde Mauricio Rodas parece que hará maniobras para ocultarlas. Al final dirá “cumplimos”. ¿Qué hará el Concejo Metropolitano? ¿Qué harán los quiteños y las quiteñas?.